El beneficiario fue un despacho privado, contratado por el imputado de manera ilegal, con la finalidad de realizar la reestructura y/o refinanciamiento de la deuda pública. La contratación del ente privado y la ejecución del contrato con los pagos antes señalados son ilegales ya que no se supeditó a la norma vigente en la entidad.
Las indagatorias han continuado por otros presuntos malos manejos del erario lo que ha acumulado un desfalco de 743 millones de pesos en total, por lo cual, la Fiscalía Anticorrupción ha buscado mecanismos de cooperación internacionales para la localización y captura del indiciado.





