Jesús Valenciano fijó plazo y apretó el paso: 30 días hábiles para que las autoridades federales que se sentaron en la mesa con productores entreguen resultados concretos, no discursos ni vueltas burocráticas. El mensaje fue directo, nada de “atole con el dedo”.
En la mesa, los productores entregarán padrones el día 22, mientras las dependencias federales intentan destrabar el enredo entre Conagua, Sader y CFE, un juego de culpas que se ha vuelto rutina. El primer avance fue la prórroga del PEGUA hasta el 28 de abril, para revisar más de 9 mil casos que hoy están fuera del programa, además del anuncio de 50 tramitadores a partir de enero, compromiso que se ve complicado, pero necesario para desatorar la burocracia interna.
A eso se sumó una postura tajante del alcalde: ni una gota de La Boquilla ni una gota de Las Vírgenes se utilizará para pagar la deuda de agua con Estados Unidos. Valenciano advirtió que habrá consecuencias si se intenta, recordando las malas experiencias del centro-sur durante la guerra del agua y los efectos de la Ley de Aguas Nacionales.
Fue claro: si la Federación necesita cumplir, que tome el agua de las presas internacionales, pero del campo chihuahuense ni lo piensen. Valenciano tomó la bandera del agua y no la va a soltar; la trae desde 2020 y hoy la vuelve a levantar, mientras el tiempo corre y la paciencia de los agricultores se sigue agotando.
No pasó desapercibido otro dato: en la mesa celebrada en Palacio de Gobierno, productores de distintas regiones vieron a Valenciano como uno más, incluso como el interlocutor natural en las pláticas que buscan destrabar el conflicto del campo, ese cóctel donde se mezclan sequía, retiro de apoyos, precios de garantía, reformas unilaterales a la ley y el tratado internacional con EU. Esa aceptación no se regala; es resultado de una cercanía construida desde hace años. La confianza se gana… y los puntos políticos van en el paquete.
Después de varios días con el país en vilo, la señal llegó de madrugada. Gobernación amarró un acuerdo con campesinos y transportistas y, con ello, se enfrió el escenario de bloqueos que ya asomaba en casetas, carreteras y aduanas.
El arreglo incluye abrir mesas de trabajo, revisar de fondo los temas del campo, meterle mano a la comercialización de granos y, sobre todo, reforzar la seguridad en las rutas federales, incluso con acompañamiento a unidades en tramos conflictivos. Con eso, las protestas anunciadas se guardaron en el cajón… por ahora.
No es que el conflicto haya desaparecido. Simplemente entró en modo espera. La temporada ayuda: diciembre es mes de posadas, cierres y cuentas pendientes, no de confrontaciones abiertas.
La apuesta del Gobierno es ganar tiempo y bajar la presión. La de campesinos y transportistas, ver si esta vez los acuerdos caminan. Si no, los paros que hoy se congelaron pueden volver a descongelarse más adelante. Y ya se sabe cómo termina eso.
Mientras en la agenda nacional se pelean por carreteras, casetas y acuerdos de emergencia, desde Delicias también se mandan señales… pero de otro calibre. Grupo Cimarrón, empresa nacida en esta ciudad, anunció una inversión cercana a 20 millones de dólares para levantar una nueva planta de confitería en Toluca.
Al frente está Teddy Martínez Ruiz, apostándole fuerte al crecimiento. Y aquí está lo que realmente pesa: no es solo la planta, es el impacto. El proyecto traerá más de 2,000 empleos directos.
En tiempos donde escasean las buenas noticias, cuando una empresa local cruza fronteras, también se mueve el nombre de la ciudad.
