La realización de una actividad que consistió en la presunta decapitación de gallinas durante el carnaval de Xaltepuxtla, comunidad perteneciente al municipio de Tlaola, desató una ola de reacciones en redes sociales y abrió un nuevo debate sobre los límites entre tradición y protección animal en Puebla.
Los hechos comenzaron a difundirse a través de transmisiones en vivo compartidas por asistentes al evento. En una de ellas, la usuaria Paola Zárate pidió apoyo para viralizar el contenido, al denunciar lo que calificó como actos de tortura contra las aves. Las imágenes se propagaron rápidamente y generaron indignación entre colectivos animalistas.
Mientras algunos habitantes defendieron la práctica como parte de los “usos y costumbres” del carnaval, organizaciones civiles señalaron que este tipo de actos podrían contravenir la Ley de Bienestar Animal del estado.
El colectivo Movimiento Organizado de Mujeres Serranas (MOMS) manifestó que lo observado en la transmisión representa crueldad extrema e hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado de Puebla para que investigue y determine si existen responsabilidades penales o administrativas.
La legislación estatal establece sanciones para quienes incurran en actos de maltrato o crueldad animal, salvo en casos de sacrificio regulado bajo normas sanitarias o actividades productivas debidamente autorizadas.
En años recientes, la presión de colectivos ha derivado en la cancelación de actividades similares en municipios como Venustiano Carranza, Huehuetla y Teteles de Ávila Castillo. Sin embargo, en otros como Quecholac, algunas prácticas tradicionales continuaron realizándose pese a las críticas.
Especialistas en derecho constitucional señalan que si bien el reconocimiento de usos y costumbres forma parte del marco jurídico mexicano, estos no pueden estar por encima de la legislación vigente ni vulnerar derechos protegidos por la ley.
Hasta ahora, autoridades municipales no han emitido un pronunciamiento detallado sobre lo ocurrido en Xaltepuxtla ni sobre posibles sanciones. En tanto, el caso ha reavivado la discusión pública sobre cómo armonizar las expresiones culturales comunitarias con estándares actuales de bienestar animal.
La polémica mantiene dividida a la opinión pública: mientras activistas exigen la aplicación estricta de la ley, algunos sectores de la comunidad sostienen que se trata de una tradición arraigada que forma parte de su identidad cultural.
