Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de las Drogas de Estados Unidos (DEA), advirtió sobre un posible incremento en el reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado, como consecuencia de los conflictos armados que sostienen organizaciones como el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con Vigil, el reclutamiento de jóvenes ha sido una práctica constante del narcotráfico durante décadas, ya sea de forma voluntaria o forzada, mediante engaños que incluyen falsas ofertas de empleo como escoltas o integrantes de supuestos equipos de seguridad.
Este método fue documentado en el caso del Rancho Izaguirre, donde integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) captaban personas a través de redes sociales con promesas laborales. Las víctimas eran trasladadas a Jalisco y llevadas al rancho, donde eran sometidas a entrenamiento forzado.
No obstante, el exagente señaló que en los últimos cinco años se ha identificado un cambio en la estrategia criminal, al incorporar de manera creciente a menores de edad como sicarios para enfrentar a grupos rivales.
“El conflicto entre los Chapitos y los Mayos en Sinaloa ha provocado que comiencen a usar cada vez más niños como sicarios. Han perdido muchos elementos y, aunque siguen reclutando, ahora están utilizando menores de edad porque necesitan personal armado para estos enfrentamientos”, afirmó.
La disputa interna del Cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos se intensificó desde septiembre de 2024, tras el secuestro y entrega a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder de la organización criminal.
Vigil explicó que una de las principales razones por las que los cárteles recurren a menores es que aceptan salarios más bajos y enfrentan penas menores en caso de ser detenidos, lo que facilita su reincorporación a las estructuras criminales.
“Se estima que entre 20 mil y 30 mil menores están funcionando como sicarios. Los cárteles saben que, si son arrestados, no permanecerán mucho tiempo en prisión. Además, no necesitan pagarles lo mismo que a un adulto”, señaló.
Ante este panorama, el exagente alertó que el reclutamiento forzado podría incrementarse debido a la constante demanda de sicarios generada por los enfrentamientos entre cárteles y los choques con fuerzas de seguridad.
“Este fenómeno se intensificó hace aproximadamente cinco años y sigue creciendo. Si México no actúa para controlarlo, corre el riesgo de perder a una parte importante de su juventud”, advirtió.
Por su parte, la organización civil Reinserta estima que en México existen alrededor de 250 mil menores en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado. Entre los principales factores de vulnerabilidad se encuentran el abandono familiar, la exposición a la violencia, el consumo de drogas, la precariedad económica y la necesidad de pertenencia.
La organización también ha identificado que los grupos criminales aprovechan la facilidad para moldear y someter a niños y adolescentes, siendo las edades más frecuentes de reclutamiento entre los 12 y 15 años.
En agosto pasado, autoridades de Jalisco detectaron que cárteles reclutaban menores en la entidad para trasladarlos a Sinaloa y sumarlos a la disputa interna del Cártel de Sinaloa.
El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó que grupos criminales con presencia en el estado, considerado bastión del CJNG, captaban jóvenes para enviarlos a distintas entidades del país con fines de adiestramiento y, en algunos casos, incorporarlos a los enfrentamientos en Sinaloa.
“Algunos jóvenes que lograron regresar nos han identificado a personas con reporte de desaparición que continúan en Sinaloa. Estos grupos los están llevando directamente a la guerra con otros cárteles”, declaró.
Las investigaciones permitieron identificar rutas de traslado que incluyen Zacatecas, Nayarit y finalmente Sinaloa, así como posibles zonas de adiestramiento en Michoacán, Guerrero, Jalisco y Sinaloa.
Ante esta situación, organizaciones civiles y expertos como Mike Vigil han insistido en la necesidad de que la legislación mexicana tipifique el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes como un delito autónomo, a fin de dimensionar su gravedad y sancionarlo de manera adecuada.
