CIUDAD DE MÉXICO. — En un movimiento legislativo que redefine el ejercicio del poder público en México, las comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron el «Plan B» de la Reforma Electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Con una mayoría de 33 votos en la Comisión de Puntos Constitucionales y 27 en la de Reforma Política-Electoral, el dictamen avanza con cambios drásticos que impactarán directamente la estructura de los ayuntamientos en Chihuahua y todo el país, limitando el número de regidurías y prohibiendo privilegios financieros históricos para la alta burocracia.
La reforma a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución establece un tope máximo de 15 regidurías por municipio, bajo principios estrictos de paridad de género. Además, se asesta un golpe definitivo a las prestaciones de lujo: consejeros y magistrados electorales ya no podrán contratar seguros de gastos médicos mayores, pensiones privadas o cajas de ahorro especiales con recursos públicos. Estas medidas buscan que el ahorro generado se integre al patrimonio de la hacienda pública municipal para destinarse a obras de infraestructura.
Impacto y Restricciones del Plan B Electoral (Vigencia 2026)
¿Qué pasa si no se armonizan las leyes estatales para mayo de 2026?
La reforma establece un plazo fatal: el 30 de mayo de 2026. Para esa fecha, el Congreso del Estado de Chihuahua y las legislaturas de todas las entidades federativas deberán haber adecuado su marco jurídico.
El incumplimiento de este mandato constitucional podría derivar en controversias constitucionales y la invalidez de presupuestos locales que excedan el tope del 0.70% de los egresos estatales. El riesgo financiero es alto para las legislaturas que no ajusten sus gastos de operación, pues los recursos sobrantes deberán ser reintegrados forzosamente a la hacienda pública para infraestructura.
El fin de los seguros privados y pensiones de lujo en el INE y OPLEs
Uno de los puntos más polémicos de la iniciativa de Sheinbaum Pardo es la veda total a la contratación de seguros de gastos médicos mayores y seguros de separación individualizados con dinero del pueblo.
Esta medida afecta a consejeros del INE, magistrados de tribunales electorales y titulares de áreas ejecutivas. La autoridad reportó que ningún funcionario de estos organismos podrá percibir remuneraciones mayores a las de la presidenta de la República.
El impacto económico busca eliminar la «burocracia dorada», obligando a los funcionarios a ajustarse a los regímenes de seguridad social ordinarios, eliminando regímenes especiales de retiro que no estén previstos por la ley.
