La directiva refuerza los protocolos municipales que prohíben el uso de recursos de la ciudad para la aplicación de la ley migratoria, amplía el acceso a recursos para las familias afectadas, establece un nuevo grupo de trabajo del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y solicitó los registros de agencias federales sobre redadas ilegales.
Bass afirmó que la orden “es necesaria” para ayudar a la ciudad y sus habitantes a enfrentar la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.
“Ante las señales de la administración Trump de que intensificará su enfoque caótico, me aseguro de desplegar todos los recursos y herramientas disponibles en la ciudad para asegurar el apoyo a las comunidades inmigrantes”, declaró la alcaldesa.
